Redondo señaló que el Gobierno regional no tiene mayoría y negocia acuerdos para la aprobación de los presupuestos y añadió que tanto PP como PSOE en el País Vasco están a favor del blindaje del concierto vasco, por lo que “es lógico que se tengan en cuenta” esas posiciones.

No obstante, la portavoz socialista aseguró que eso se solucionaría si el PP da libertad de voto a su grupo y siete diputados de Castilla y León, por ejemplo, votan con los socialistas a favor de los presupuestos y de esa manera se rechazaría el blindaje del concierto, tal y como condiciona el PNV para aprobar las cuentas.

Redondo subrayó que si los presupuestos estatales de 2010 no se llegaran a aprobar y se tuvieran que prorrogar los actuales Castilla y León perdería 1.300 millones de euros, además de las obras previstas en el montante global de 2.487 millones previstos en inversiones para la comunidad.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo, culpó al PSOE y, en última instancia, a los socialistas de Castilla y León, de que los presupuestos estatales se puedan aprobar con el blindaje del concierto.

VENTAJA VASCA

Fernández Carriedo sostuvo que la posición del PP y PSOE en el País Vasco es de defensa de sus intereses, algo a lo que, a su juicio, renuncia el grupo de la oposición mayoritaria en la comunidad.

El portavoz popular insistió en que el apoyo del PNV a los presupuestos será un “precio político” ante la amenaza de los nacionalistas vascos y recordó que en el pasado debate sobre el estado de la nación se rechazó el blindaje del cupo, que ahora se ha vuelto a poner en la mesa de negociación.

Ante esta situación, manifestó que llevarán una proposición no de ley a las Cortes de Castilla y León para llevar la “reflexión” al resto de España, aunque añadió que la medida perjudica más a las comunidades limítrofes por el perjuicio y la falta de igualdad para las empresas.

Las bases de la proposición no de ley serán que, por primera vez, se rompe el principio de igualdad para las corporaciones locales ya que las normas forales vascas no podrán ser recurridas ante los tribunales de justicia, como ocurre ahora, por otras administraciones en caso de que se consideren perjudiciales.