La finalidad de esta enmienda es lograr que se destine un porcentaje de la recaudación de las sanciones económicas para ayudar a las víctimas de tráfico, es decir, a las personas que han adquirido una discapacidad a consecuencia de un accidente de circulación.

Con esta medida se extendería la obligación, recientemente establecida por el Congreso de los Diputados, de destinar las sanciones económicas a la financiación de la seguridad vial y prevención de accidentes de tráfico.

En este sentido, el Cermi recordó hoy en un comunicado que “los accidentes de tráfico son la primera causa generadora de discapacidades severas en España; todos los años miles de personas adquieren una discapacidad por este motivo”.

Por ello, considera oportuno “dar cabida a la financiación de actuaciones dirigidas a las víctimas, en términos de habilitación de la discapacidad y autonomía personal y, especialmente, de apoyo para la reincorporación a la vida activa y a la participación comunitaria a través, por ejemplo, del ejercicio profesional y el empleo”.