Según estos profesionales, los actuales modelos predictivos ya permiten establecer mapas de riesgo detallados, en muchos casos incluso llegando al detalle de calles y zonas” que podrían estar afectadas por inundaciones “en un rango de años suficientemente amplio para que las administraciones adopten medidas como denegar permisos de construcción, modificar planes urbanísticos o prevenir daños a instalaciones mediante la construcción de defensas”.

El propio Consejo General de Mediadores está elaborando un estudio a través de su escuela de negocios CECAS y junto al Observatorio de Sostenibilidad con datos detallados sobre ciudades, pueblos y superficies artificiales que pueden resultar perjudicados en España por riesgo real de inundación.

Su investigación advierte, según anticipan, que por ejemplo la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña y Andalucía, son las zonas que presentan mayor riesgo, con superficies artificiales damnificadas por las aguas que podrían llegar a 27.000 hectáreas y afectar a 977.000 habitantes. La provincia con mayor exposición para la población en términos absolutos sería Valencia con 250.000 habitantes, seguida de Barcelona y Girona.

Para atajar este riesgo y minimizar los problemas, los mediadores proponen adoptar medidas como acuñar una etiqueta en las edificaciones que identifique la “inundabilidad” cada vez que exista una compra o venta de una casa; aplicar “soluciones basadas en la naturaleza para reducir los riesgos de las poblaciones más expuestas” o tener en cuenta el riesgo de inundación en los planes urbanísticos.

Con estos estudios creen que se ayudaría a ciudadanos y administraciones, pero lo juzgan “imprescindibles para los corredores y agentes de seguros, al mejorar el asesoramiento de los clientes a la hora de contratar una póliza que se ajuste lo mejor posible a su nivel de riesgo”.

La última Dana que afectó al levante español provocó daños de más de 435 millones de euros, por lo que inciden en que una mejor gestión de las alertas y mayor aseguramiento en la prevención de riesgos minimizaría los eventuales efectos de los desastres naturales.

Sin embargo, lamentan que “el escepticismo y la falta de recursos siguen siendo los principales obstáculos que enfrentan los responsables políticos a la hora de tomar decisiones en este campo”.