El texto tiene una versión extendida y otra en lectura fácil, de la que se han encargado la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión Cantabria.

Esta publicación busca resolver dudas y aclarar el alcance de la nueva legislación, que reforma leyes tan importantes como el Código Civil, la de Jurisdicción Voluntaria, la Ley del Notariado, la de Enjuiciamiento Civil, la ley Hipotecaria y la de Comercio.

En el encuentro participaron representantes de las seis entidades, que coincidieron en destacar la importancia de esta reforma, que adapta el ordenamiento jurídico español al espíritu de la convención de Naciones Unida sobre los derechos de las personas con discapacidad y supone “un “hito histórico”.

Según Enrique Galván, director de la confederación Plena inclusión España, “estamos viviendo una primavera en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”. Esta reforma “derriba un muro de muchos años” y pone fin a “una situación injusta, como la incapacitación judicial por razón de discapacidad”.

Hasta ahora, las personas incapacitadas perdían la posibilidad de ejercer actos jurídicos y su voluntad era sustituida por la de un representante legal (generalmente un tutor).

Con la reforma, figuras como la tutela o la patria potestad rehabilitada o prorrogada desaparecen para los mayores de edad, y en su lugar se establece un sistema de apoyos individualizados adaptados a las necesidades de cada persona, que le ayuden a expresar su voluntad con libertad y autonomía.

OTRA FORMA DE TRABAJAR

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, señaló a su vez que la guía intenta “establecer cuáles son los efectos y las posibilidades de la nueva ley”, que implica “una mirada distinta” hacia las personas con discapacidad y "una nueva forma de trabajar para los notarios, abogados y el conjunto de agentes jurídicos”.

En concreto, la nueva norma concede “prioridad” a la elección voluntaria de los apoyos por parte de la persona interesada, que podrá acudir al notario para establecer qué tipo de ayuda necesita, para qué actos jurídicos y quién o quiénes la llevarán a cabo.

Si hasta ahora los notarios “se inhibían” ante la existencia del tutor, “ahora debemos ser proactivos y actuar para asegurarnos” que la persona con discapacidad "entiende lo que sucede y puede expresar su voluntad”.

Escrita con carácter didáctico a modo de pregunta/respuesta, la guía explica entre otras cuestiones cómo habrán de tomarse a partir de ahora las decisiones referidas a estos apoyos; aclara en qué casos pueden intervenir otras personas y cuándo ha de hacerlo un juez; explica qué sucede con la guarda de hecho, que pasa a reconocerse de forma institucional; resuelve dudas sobre testamentos y gestión de herencias; explica qué sucederá con las sentencias de incapacitación ya dictadas (unas 250.000), entre otros puntos.

Su objetivo es dar respuesta a las preocupaciones e incertidumbres que pueden albergar las familias y otros actores interesados, pero también busca difundir el importante avance en derechos humanos que la nueva legislación implica. Para ello utiliza un lenguaje claro aunque riguroso, y aborda los muy distintos ámbitos en que esta reforma incide.

“A fin de cuentas, se trata de explicar 78 páginas del Boletín Oficial del Estado”, bromeó el director del Área de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, para destacar la magnitud de la reforma legislativa que entra en vigor este viernes.

A su juicio, esta ley “representa un gran avance para los juristas, pero sobre todo para las personas con discapacidad y sus familias”, que ya no tendrán que verse envueltas “en procesos tan traumáticos como una incapacitación” para solucionar sus vidas.

“Es el fruto de 14 años de trabajo por parte de sectores jurídicos y del movimiento asociativo”, y se felicitó porque “hemos logrado un volcado total del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas”, que establece la igualdad jurídica de las personas con discapacidad. “No nos hemos quedado a medias como otros países” al reformar la legislación sobre discapacidad, subrayó.

Torcuato Recover, asesor jurídico de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, apuntó que las entidades miembro de la AEFT intentaban ya poner en práctica un sistema de respeto a la voluntad y a la autonomía de las personas. Sin embargo, “nos topábamos con una legislación que lo impedía" y por eso "este momento es emocionante” para él.

El director del Área Social de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, calificó la nueva normativa de “consecución maravillosa de la que debemos sentirnos muy orgullosos”, y consideró que “no solo es una reforma legislativa monumental, sino “también el reflejo de un cambio social”.

Además, señaló que “esta alianza entre sectores jurídicos y movimiento asociativo que la ha hecho posible ha de mantenerse en el tiempo”, porque “poner en práctica su espíritu va a seguir exigiendo nuestra colaboración y trabajo”.

PIDEN RECURSOS

En este sentido, destacó la necesidad de formar a los operadores jurídicos en “una nueva mirada” hacia la discapacidad, así como de “vigilar” para que no se abuse de la curatela representativa, figura que la reforma prevé solo “en ocasiones muy excepcionales”.

“Debemos estar atentos además para que la revisión de las incapacitaciones (ya dictadas) no se haga de forma mecánica y sin atender a las características de cada persona”, y reclamó “más recursos” para que los juzgados aborden dicha tarea (que la ley impone) con garantías.

El vicepresidente de Cermi y presidente de Salud Mental España, Nel González, aseguró “estar encantado” con la macro reforma, sobre la que no obstante alberga “ciertas reservas”. ”Nos tememos que si no se garantizan los recursos para hacer posible esa red de apoyos individualizados, muchas personas con problemas de salud mental se verán sometidas a curatelas representativas sin solución de continuidad”, dijo.

La ley establece que los apoyos dictados por un órgano judicial deben revisarse cada tres años (seis de forma excepcional). “No queremos que suceda lo que ya pasó con la ley general de Sanidad de 1986 en lo referido a la salud mental por falta de recursos”, sentenció.

En la misma línea, Enrique Galván pidió desde Plena inclusión que “las carteras de servicios sociales reciban la dotación suficiente” para dar respuesta a “todos los desafíos” que esta reforma plantea.