En un comunicado, esta organización exigió a todas las administraciones públicas que "refuercen las plantillas del personal docente" y que "todos los centros (públicos, concertados o privados) cuenten con las ayudas necesarias para adaptar los espacios a las medidas de seguridad e higiene exigidas".

La confederación, cuyas asociaciones gestionan 232 servicios de educación especial en todo el país (casi la mitad del total existente), demandó también que se dote al alumnado con necesidades especiales del “apoyo docente exigido, así como de tecnología adaptada”.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en España estudian FP Básica, de grado medio y superior, 13.635 alumnos y alumnas con algún tipo de discapacidad.

“Esperamos que el número de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que acceden a estas etapas formativas registre un notable incremento”, señaló en referencia en relación al anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e integración de la Formación Profesional que el Gobierno pretende aprobar en próximas fechas.

Por ello, Plena inclusión urgió a "ampliar las iniciativas que garanticen la accesibilidad y la red de apoyos requeridos para esta etapa" y recordó que la incorporación de las personas al mercado laboral está íntimamente ligada al acceso en igualdad de oportunidades.