Lo hizo a través de unas declaraciones de su representante en Afganistán, Hervé Ludovic De Lys, quien aseveró que actualmente en suelo afgano “hay casi 10 millones de niños y niñas que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria”.

Esto le dio pie a subrayar que “los menos responsables de esta crisis están pagando el precio más alto, incluidos los niños y niñas muertos y heridos en una serie de atrocidades cometidas en Kabul desde el pasado jueves”.

A ello se suma el hecho de que los informes que maneja Unicef hablan de niños que están siendo reclutados por grupos armados y de que más de 550 chavales han muerto y más de 1.400 han resultado heridos este año. “Esta es una crisis de protección infantil en un país que ya es uno de los peores lugares del mundo para ser niño”, exclamó.

A su vez, Hervé Ludovic De Lys manifestó que la mayoría de estos niños viven en comunidades que carecen de agua por la sequía que azota Afganistán, al tiempo que no tienen a su alcance vacunas, incluida la de la poliomielitis, que les pueden salvar la vida.

Ante esta situación, reafirmó que “Unicef se queda” en Afganistán, a pesar de la llegada al poder de los talibanes, a través de sus cinco oficinas de zona en todo el país y de su red de aliados, desde ancianos de la comunidad y grupos de mujeres hasta empresas de transporte, unas compañías en las que la organización confía para traer suministros desde Pakistán.

También recurrirá a la tecnología mediante ‘U-Report’, un servicio gratuito basado en mensajes de texto, que permite preguntar a los afganos qué necesitan. Gracias a esta herramienta, el jueves pasado, más de 100.000 personas, 15.000 de ellas niñas, reclamaron ayuda en efectivo para poder costearse unos abrigos calientes ante la cercanía de las bajas temperaturas o para garantizar los alimentos a sus familias.

El representante de Unicef para Afganistán hizo un aparte para hablar de la educación de las niñas afganas, una realidad ante la cual fue tajante al proclamar que la organización “siempre ha abogado y siempre abogará” porque todas las menores del país, incluidas las que tienen algún tipo de discapacidad, vayan a la escuela primaria y secundaria, y completen su formación en la universidad, “si así lo desean”.

Por su parte, llamó la atención sobre el recorte de la ayuda de los donantes internacionales ante el cambio de situación en el país y acerca de la precaria seguridad y protección que pueden garantizar a sus programas y a sus trabajadores, especialmente, el personal nacional femenino, sobre el terreno.

Ante esta situación, reclamó a la comunidad internacional ayuda para poder llevar a cabo su plan de ampliación, que incluye proporcionar clínicas de salud móviles para que las familias en tránsito puedan recibir atención médica; vacunar a los bebés contra la poliomielitis y otras enfermedades prevenibles con vacunas e inmunizar a las personas contra la Covid-19; tratar a los niños y niñas con desnutrición aguda grave; llevar agua a las zonas afectadas por la sequía y distribuir kits de higiene; y preparar a los chavales para la escuela y adaptar los centros educativos para los menores con vistas al próximo mes, al tiempo que se trabaja para llegar a 300.000 niños, de los que más de la mitad son niñas, a través de clases comunitarias, en áreas donde antes no había colegios.