Denuncian que la papeleta que recibieron los vecinos la argumentación se centraba en el proyecto de intervención y en “negar el derecho de las familias de los desaparecidos”.

Además, la Junta Vecinal no tuvo en cuenta que la intervención ya había sido autorizada por la Junta de Castilla y León y que el vicepresidente de la misma, Francisco Igea, había declarado públicamente que no existe capacidad para tomar esas decisiones en una administración local porque hay una ley nacional y otra autonómica que garantizan el derecho de las familias.

La asociación agradece que algunos vecinos “sí fueron sensibles y solidarios con las reclamaciones de los familiares y consideraron vergonzoso que se sometiera un hecho tan elemental a votación por lo que decidieron ni participar en ella”.

El vicepresidente de la asociación, Marco Antonio González, expuso el proyecto de intervención y explicó que lleva veinte años realizando exhumaciones, que se responsabiliza de dejar el espacio de prospección del cementerio tal y como lo encuentre y que cuenta con un seguro de responsabilidad civil que cubre hasta el más mínimo desperfecto que pueda causar la exhumación. “Someter el derecho de unas familias a encontrar los restos de un ser querido y enterrarlo donde decidan es como someter a votación s tras un atentado hay que reparar o no hay que reparar a las víctimas”, denunció.

Además de presentar el caso ante la autoridad competente de la Junta de Castilla y León, la asociación estudia la posibilidad de llevar a cabo una denuncia por prevaricación administrativa, teniendo en cuenta los “inusuales” trámites que ha reclamado el Ayuntamiento, como tratar el impacto ambiental, y el hecho de que la Junta Vecinal se haya arrogado un poder de decisión del que carece a la hora de autorizar o negar el ejercicio de un derecho.

En ese sentido, la ARMH estudia la posibilidad de llevar a cabo una denuncia ante la Fiscalía ya que el articulado de la Ley de la Memoria Histórica del año 2007 reconoce el deber de las administraciones locales de ayudar a las familias y en caso de que pongan dificultades existe la posibilidad legal de llevar a cabo una expropiación forzosa y temporal del terreno.