Ante la entrada en vigor el próximo día de 3 de septiembre, tras una ‘vacatio legis’ de tres meses, “es el momento de que todas las instancias con responsabilidad en su despliegue y aplicación contribuyan a su instauración efectiva y satisfactoria”, según informó el Cermi.

A su vez, subrayó que las administraciones competentes deben activar las inversiones y poner los recursos humanos y materiales necesarios para operativizar la reforma, mientras que todos los grupos de interés jurídicos “han de asumir el cambio de paradigma que supone y formarse en el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad”.

Por último, arguyó que esta reforma legislativa “transformará todos los dispositivos tradicionales que nuestro Derecho Civil dispensaba a la presencia y participación de las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, migrando del abordaje de la sustitución al de los apoyos”.