En una entrevista a Servimedia, Álvarez explicó que “lo razonable sería que, en septiembre, el Gobierno nos haga una propuesta de aumento del SMI para aplicarla a partir del mes de septiembre o del mes de octubre, y que haya un margen hasta llegar a los 1.060 euros para hacerlo el 1 de enero del 2022 y el 1 de enero del 2023”.

El líder ugetista argumentó que sería el mejor sistema para aumentarlo de manera progresiva y alcanzar la cuantía que el grupo de expertos del Ministerio de Trabajo y Economía Social considera que sería equivalente al 60% del salario medio comprometido por el Gobierno para esta legislatura -esos 1.060 euros frente a los 950 euros, con 14 pagas, vigentes en la actualidad-.

Alvarez matizó que es la propuesta de UGT, sin ánimo de “ser tan prepotente como la vicepresidenta cuando va cambiando de opinión sin consultar con nadie”, pero sí urgió al Gobierno a convocar “una reunión formal con las organizaciones sindicales” para exponer sus planes y “que la negociación no sea a base de mensajes con los medios”.

El escenario que el líder ugetista no contempla son nuevos retrasos en la subida del SMI y por eso quiso dar el “toque de atención” de que se levantarán de la mesa de negociación, que en septiembre debe retomar asuntos tan claves como la reforma laboral y la de pensiones, si no hay nuevos incrementos.

“Las negociaciones con el Gobierno tienen que ser serias y razonables, y no es serio ni razonable lo que ha ocurrido en España con el salario mínimo”, criticó, avisando de que la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT “va proponer al Comité Confederal que se va a celebrar a finales del mes de septiembre, que si no se ha abierto un proceso de negociación serio para aumentar el SMI el año 2021 y abrir las puertas de la negociación del año 2022 y 2023, que nos sitúa en el 60% del salario medio, nosotros no vamos a continuar sonriendo en la mesa de la Seguridad Social o en algunas otras mesas que tienen algún abiertas con el Gobierno”.

El líder de UGT reconoció que será difícil aprobar la subida con carácter retroactivo porque es “muy complejo” retrotraer meses atrás al SMI y “jurídicamente genera incertidumbres que creo que no son razonables”, pero sí criticó que ya no se justifica retrasarlo y más cuando en agosto se espera haber recuperado el nivel de empleo previo a la pandemia.

Al respecto, afirmó que ya “en enero no había ninguna razón para congelarlo” cuando “en todos los países donde existe SMI se ha subido”, sean más bajo o “mucho más alto” que en España y citando a título de ejemplo a Portugal, Francia y Alemania.

A su juicio, los argumentos que se han dado en España para evitarlo “no son reales” porque los sectores donde trabajan los empleados que tienen SMI “no han estado sumidos en la crisis pandémica” y algunos, como la agricultura, “ha crecido durante el año 2020”.

Además, defendió que mantener congelada su revalorización penaliza al país porque “no subir el SMI retrasa el aumento de la productividad en España” y hacerlo ahora podría, en cambio, ayudar a la recuperación por la vía de estimular el consumo.