Así lo indicó Marlaska en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, donde hizo hincapié en que el Ministerio del Interior “no es quien acuerda el retorno” de estos menores, sino que, en este caso, quien resuelve si un menor es susceptible de un “retorno asistido” es quien ejerce la tutela, es decir, la ciudad de Ceuta.

Marlaska explicó que estas decisiones son objeto de una coordinación interinstitucional, que, a su juicio, está siendo de una “importancia decisiva”. Al respecto, dijo que toda la coordinación entre instituciones es “mejorable”, pero en este caso, presumió de que existe una “coordinación óptima muy razonable” entre las administraciones implicadas.

Asimismo, afirmó que las distintas instituciones implicadas en esta situación están trabajando con el fin de dar solución a una “problemática concreta” en beneficio del menor y protegiendo sus “intereses básicos”, utilizando un instrumento jurídico, que es el que se suscribió en 2007 entre España y Marruecos.

PARALIZACIÓN

Sobre la paralización de estas devoluciones por parte de la justicia, Marlaska aseguró que si esta decisión se convierte en definitiva lo que harán será “respetar, obedecer y acatar” la resolución judicial, al tiempo que explicó que, en estos tres días, el conjunto de las instituciones concernidas, darán traslado de alegaciones.

Asimismo, aclaró que se ha hecho un estudio de las circunstancias de cada uno de los menores y que la autoridad competente en la tutela, en este caso Ceuta, determina si el interés del menor es “ser o no retornado a su ámbito familiar”.

Al respecto, señaló que si la resolución judicial es definitiva la acatarán, al tiempo que explicó que su objetivo principal es “dar la protección necesaria” a estos menores. Por ello, dijo que, dentro del marco de dar la protección “necesaria y precisa”, aquellos que sean “susceptibles” dentro su interés superior de retornar a su ámbito familiar, volverían, y si no, les darán la tutela.

A su vez, recordó que la Convención de Derechos del Menor, uno de los derechos que establece como “primero y con carácter permanente” es que los niños, cuando no existe ningún “riesgo para su integridad”, retornen a su ámbito familiar, social y cultural. “El retorno a su ambiente familiar y social es la respuesta más óptima para garantizar su interés superior”, añadió.

Además, subrayó que en las reuniones mantenidas entre los departamentos correspondientes, que en este caso no es el departamento de Interior, sino Ceuta, la Delegación de Gobierno y Marruecos, en los supuestos en los que se ha materializado los retornos asistidos, “esas garantías están prestadas”.

En relación con que la Audiencia Nacional haya pedido al Ministerio del Interior que justifique estas devoluciones en un plazo de 24 horas, explicó que son “retornos asistidos” conforme al acuerdo de 2007 entre España y Marruecos, “siempre” en beneficio del menor y tratando de restablecer su vida social, cultural y familiar, cuando no exista “ningún riesgo”.