En declaraciones a Servimedia, Peramato insitió en que “se tienen que respetar los derechos de la infancia migrante” y aludió al procedimiento específico establecido en la Ley de Extranjería.

Hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que dichas actuaciones han sido legales, y que no han sido una “expulsión”, sino un “retorno asistido”. Por el contrario, la presidenta de UPF advirtió al respecto de que “en el caso de que no se hayan llevado a cabo cada uno de los pasos, habrá que exigir la responsabilidad que corresponda”.

No obstante, no se atrevió a valorar la ilegalidad o el incumplimiento del procedimiento porque, conforme dijo, desconoce esos expedientes. “Dar una opinión sin conocer cada uno de los expedientes de una forma individualizada sería arriesgado e incurriríamos seguramente en un error”, mantuvo.

El procedimiento, según relató, “exige que Interior pida información a Marruecos sobre las circunstancias familiares a través de las autoridades diplomáticas”. “Una vez determinadas estas circunstancias de la persona afectada, tiene que recabar un informe a los Servicios de Protección y también al Ministerio Fiscal”, añadió.

Así, afirmó que “cuando cuente con esos informes, valorándose el interés superior del menor, de una forma individualizada, tendrá que acordar lo que proceda en orden a la repatriación”.

“Estoy segura de que la Fiscalía va a hacer un análisis pormenorizado de esos expedientes de una forma individualizada”, concluyó.