Así lo declaró la organización tras la decisión del juez del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana de obligar al Hospital de la Plana a aplicar una terapia no aprobada por la Agencia Española del Medicamento, no incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y en contra de los protocolos científicos del centro sanitario a un paciente ingresado en la UCI.

Así, el Cgcom sostiene que “la imposición judicial de iniciación de un tratamiento, que desoye las recomendaciones del equipo encargado de la atención al paciente y al margen de los protocolos basados en la evidencia científica, puede contribuir a que se diluyan las responsabilidades y el paciente sufra las consecuencias en la calidad de la asistencia y su seguridad”.

Entendiendo el derecho regulado de los pacientes a la libre elección, la corporación recordó que el sistema sanitario tiene la obligación de garantizar que las técnicas o productos que puedan elegirse cumplan las condiciones de eficacia o, al menos, de inocuidad; y recomendó que, si algún profesional del centro referido se ve obligado a colaborar con el dispositivo externo que va a aplicar la terapia, se le admita una declaración escrita en la que exprese su criterio y que, antes de la aplicación de la terapia, la descripción de las responsabilidades del hospital y sus profesionales y la del especialista externo deben quedar explicitadas.