En un documento de análisis fechado en julio concluye que las medidas desplegadas para ayudar a empresas, autónomos y familias tales como las moratorias, los avales del ICO o las ayudas directas han tenido "un efecto amortiguador del impacto adverso de la pandemia sobre la economía, han contribuido a mitigar la pérdida de empresas viables y han permitido preservar la estabilidad financiera".

El informe detalla, por ejemplo, que las ayudas directas aprobadas en 2020 "han reducido el riesgo de quiebra masiva de empresas en un 60% y el paquete de ayudas directas aprobado por el Real Decreto-ley 5/2021, habría permitido reducirlo en un 60% adicional" o que los avales del ICO han evitado las dificultades de acceso a la liquidez de la anterior crisis.

Sin embargo, alerta de que el mantenimiento del amplio paquete de medidas de apoyo durante un periodo de tiempo prolongado "puede suponer también la aparición de riesgos en el medio y largo plazo, tanto para la eficiencia económica como para la estabilidad financiera".

Entre ellos apunta el potencial riesgo para el coste de las finanzas públicas, cuyo impacto está acotado con certeza en el caso de las ayudas directas, "pero está sujeto a más incertidumbre en el caso de los avales públicos", o la posibilidad de asignar recursos a empresas que "no son viables o rentables".

Si bien considera que ambas vulnerabilidades se encuentran acotadas porque en el caso de las empresas se exige que sean viables para otorgarles ayudas y en los avales los propios bancos tienen incentivos a ser muy rigurosos en la concesión porque también encajarían quebrantos, el organismo alienta la creación de esa hoja de ruta de salida. Se trata, explica, de evitar "efectos abruptos" derivados de la retirada de las ayudas y "que al mismo tiempo reduzca los efectos perniciosos de un mantenimiento durante un periodo de tiempo excesivamente prolongado".

La llamada Amcesfi, que preside Nadia Calviño, fue creada en marzo del 2019 para evaluar y prevenir posibles riesgos sistémicos para la economía, así como evitar conformaciones de nuevas burbujas. En su consejo se sientan también los máximos responsables del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Entre sus cometidos está el "monitoreo" regular y "evaluación" de los riesgos sistémicos, con vistas a emitir opiniones, advertencias e, incluso, recomendaciones a los organismos supervisores para que intervengan si se necesitan reconducir situaciones preocupantes. Con la Covid-19, su foco ha estado en la crisis, las medidas desplegadas y sus consecuencias.

MÁS DE 230.000 MILLONES INYECTADOS

El informe cifra en 232.000 millones de euros o un 20,6% del PIB del 2020 las cuantías movilizadas en diferentes medidas hasta el pasado 31 de marzo, de las que un 6,4% son ayudas directas. Por tipología, las medidas de liquidez y apoyo a la inversión sumaron 158.764 millones (8,9% del PIB de 2020) e incluyen las moratorias, los fondos creados para recapitalizar empresas, los aplazamientos tributarios y la financiación movilizada gracias a los avales del ICO.

Otras medidas de gasto o ayudas directas sumaron 44.907 millones adicionales, un 2,4% del PIB del 2020, e incluyen medidas de gasto para encarar la Covid-19, de apoyo a las comunidades autónomas o para los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), incapacidad temporal o por cese de actividad para negocios y autónomos, entre otras.

El organismo analiza una a una las iniciativas, con la conclusión de que “han contribuido a mitigar la desaparición de empresas viables y a apoyar las rentas de los hogares”, poniendo énfasis en que algunas, como los avales del ICO o moratorias, han favorecido de manera especial a autónomos y pymes, abaratando su financiación y ayudándoles con la liquidez.

Concluye, además, que han llegado a los que más las necesitaban tras verificar, por ejemplo, que ha mejorado el acceso a la financiación a pymes y autónomos al abaratar su coste y darles acceso a financiación a plazos más largos, o al comprobar que muchos de los que se beneficiaron de las moratorias exigidas por ley tuvieron después aplazamientos en las moratorias voluntarias habilitadas por la banca, con especial foco además en los autónomos.

En cuanto a su estado de pago y con datos del Informe de Estabilidad del Banco de España de abril, detalla que un 35,8% de los préstamos con aval del ICO corresponde a acreditados que en el conjunto del sistema tienen algún préstamo en vigilancia especial. En la financiación cubierta por el ICO, un 8% del crédito avalado se encontraba en vigilancia especial y casi el 14% en empresarios individuales, pero solo un 1% del volumen es dudoso.

En las moratorias y con datos del primer trimestre, el 20% de las moratorias vencidas se encontraban en vigilancia especial por deteriorarse su riesgo, pero sin que hubiese impagos y solo el 6% de las moratorias vencidas o desistidas estaría en una situación crediticia dudosa.

En las emisiones de deuda realizadas también con aval en el Marf detalla, en contraste, que “apenas representaron el 0,9% de la deuda total emitida por las sociedades no financieras en 2020, por lo que se deduce que su impacto en la financiación obtenida por las compañías no financieras a través de los mercados de deuda fue de escasa relevancia”.