De esta manera, secundó la petición realizada el pasado mes de junio por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Relator Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

El Cermi, como representación unitaria de la discapacidad organizada en España, reclamó al Consejo de Europa que “abandone una preocupante línea de trabajo” que “retrocede en el enfoque de derechos humanos” aplicado a las personas con discapacidad, muy en particular a las que tienen problemas de salud mental.

Recordó que, tal y como ha denunciado la ONU, el Protocolo Adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, conocido coloquialmente como Convenio de Oviedo, mantiene un enfoque de la política y práctica de salud mental basado en la coacción, lo cual es incompatible con los principios y reglas uniformes contemporáneos de derechos humanos.

Desde hace meses la organización social Salud Mental España, con el apoyo del Cermi, viene realizando gestiones de incidencia y presión ante el Gobierno español, a través del ministerio de Sanidad, para que encabece una posición firme contraria a los derroteros actuales de los trabajos preparatorios que desarrolla el Consejo de Europa, y refuerce como “única admisible” la dimensión de derechos humanos consagrada en la Convención de la ONU de 2006.