En la respuesta a la que tuvo acceso Servimedia, la Comisión recuerda al europarlamentario español que “no tiene competencias generales para intervenir ante el Estado miembro en asuntos judiciales particulares”.

Pese a ello, “la Comisión también subraya que es importante que los actos realizados por la Administración en ejercicio de una potestad discrecional tengan en cuenta los preceptos europeos que los sujetan a un control de legalidad por parte de un órgano jurisdiccional u otro organismo independiente”.

En este caso, entiende que las decisiones en materia de indultos adoptadas por el Gobierno español “pueden estar sujetas al control judicial efectivo del Tribunal Supremo, conforme ha sucedido en el pasado”.

Vázquez Lázara se dirigió a la Comisión Europea para solicitar respuesta por escrito a una consulta sobre los indultos. El europarlamentario de Ciudadanos esgrimía un informe de 2017 de la Comisión en el que alertaba sobre la posibilidad de que Rumanía modificase la Ley sobre el indulto “de tal forma que pudiese aplicarse a las personas condenadas por determinados delitos de corrupción”.

Ese informe remarcaba que los citados proyectos legislativos “se habían planteado sin consultar a las instituciones estatales y judiciales clave en este ámbito e incidía en el riesgo para el Estado de Derecho y la confianza en la justicia de la no ejecución de las sentencias judiciales”.

El europarlamentario indicaba que los indultados habían sido condenados, además de por el delito de sedición, por el de malversación de fondos públicos, un delito de corrupción, y en contra de la opinión del tribunal sentenciador. Vázquez preguntaba por eso qué medidas pensaba tomar la Comisión y si abordaría esta situación en su próximo informe sobre el Estado de Derecho en España.

Tras evitar pronunciarse sobre la concesión de los indultos, la Comisión señala que “el informe sobre el Estado de Derecho se centra en cuestiones de importancia sistémica relacionadas con el Estado de Derecho en los Estados miembros. Por lo tanto, no cubre casos particulares como los mencionados por su señoría”.

Hace ya varios días que el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, apuntaba la dirección en la que iría la respuesta de la Comisión. En rueda de prensa dijo que los indultos son una “cuestión de España que debe ser tratada de acuerdo a su orden constitucional". "Ello incluye también la cuestión del posible perdón”, precisó.