Con esta norma, según un comunicado de la CNE, se adapta la regulación española a la situación europea y a la liberación del mercado del gas con la desaparición del suministro a tarifa por parte del distribuidor y su sustitución por la actividad de comercialización de último recurso.

Dicha norma incluye la obligación de que los comercializadores dispongan de un teléfono de atención al cliente gratuito.

El proyecto asigna tanto a la CNE como a las comunidades autónomas la tramitación de las reclamaciones de los consumidores.

Asimismo, establece que el proceso de baja del suministro de gas comenzará con la fecha real de la operación de cierre y precintado de la instalación receptora, realizada por el distribuidor y en la que se realiza la medida real del consumo final.