El Consejo afirma que “la reforma requiere consensos amplios en el marco del diálogo social y en el plano político parlamentario para lograr un efectivo desarrollo reglamentario y garantizar una suficiente financiación del sistema: objetivos que van más allá de los tiempos políticos”.

Además, a juicio del CES, el tratamiento de la igualdad de oportunidades de la formación profesional que se realiza en el Anteproyecto “resulta insuficiente y fragmentado, siendo necesario que se dote a la norma de un enfoque integral, que recoja las obligaciones en materia de educación inclusiva y las medidas de apoyo necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema nacional de formación profesional".

En términos generales, al Consejo le merece una valoración positiva la iniciativa normativa en tanto que actualiza el sistema de FP, así como los objetivos y fines que persigue la reforma proyectada, sobre todo a la hora de ofrecer a las personas el acceso a una formación profesional de calidad y de permitir a las empresas contar con las personas trabajadoras que se demandan para cubrir los puestos de trabajo. Sin embargo, estima que el procedimiento de consulta seguido no es adecuado.