Según informa Medio Ambiente, Aguilar explicó que el giro planteado en pagos directos es el “tema de mayor trascendencia” de esa reforma, con un planteamiento que es “inaceptable” porque puede “generar importantes desequilibrios territoriales y productivos para España”.

“Rechazamos totalmente el pago base y defendemos que el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española”, añadió Aguilar.

Asimismo, tras lamentar que el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, no haya sido “sensible” a las aportaciones y debates que se han producido desde que hizo su primera comunicación en noviembre de 2010, detalló en su intervención los puntos del documento consensuado con las comunidades autónomas con el apoyo del sector.

En concreto, la ministra expresó el rechazo de España a la definición de agricultor activo que plantea la Comisión en su propuesta, reivindicó fondos adicionales para poder alcanzar la convergencia en los términos que propone la Comisión y lamentó que “la simplificación que se plantea sea una complicación para los agricultores”.

Por otro lado, defendió que “es necesaria una política de Desarrollo Rural en la que los mayores esfuerzos se dirijan a facilitar inversiones en infraestructuras, en regadío, de modernización e incorporación de nuevos agricultores, fomentando la formación y la innovación, y las actuaciones para reforzar las medidas agroambientales y la mejora de las áreas rurales”.

Por último, señaló que es necesario “conseguir el máximo apoyo a la incorporación de jóvenes con el fin de lograr el rejuvenecimiento del sector agrario” y concluyó que “la nueva PAC ha de contemplar apoyos concretos a la mujer por su papel dinamizador y vertebrador de la economía agraria”.

Los ministros de Agricultura de la Unión Europea debaten hoy por primera vez en Luxemburgo las propuestas legislativas sobre la reforma de la PAC presentadas la semana pasada por la Comisión Europea, una revisión que, por primera vez, está previsto que se apruebe por codecisión del Consejo y el Parlamento europeo.