Así lo asegura en una respuesta a una pregunta parlamentaria por escrito planteada por el diputado Jon Iñarritu (Grupo EH Bildu) sobre la posibilidad de implantar esa herramienta para la población con discapacidad en los países europeos.
El Gobierno responde al diputado vasco que la evaluación del proyecto piloto ha apuntado algunas “dificultades”, como que los sectores cubiertos por la tarjeta no están armonizados en todos los estados miembro; no existe un seguimiento común; la información, incluida en las páginas web de las tarjetas nacionales en los estados participantes es, en ocasiones, “inconsistente”; y que “la accesibilidad de los servicios a los que da acceso no es completa”.
Además, el Gobierno apunta entre esas dificultades que “los proveedores de servicios perciben que su participación en el proyecto puede suponer una pérdida financiera”.

En su respuesta, el Ejecutivo informa que “la Tarjeta Europea de Discapacidad fue una experiencia piloto llevada a cabo en el marco del ‘Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre políticas relacionadas con las personas con discapacidad’ (HLG)” y que en su última reunión, en abril, presentó brevemente un estudio de evaluación del proyecto.
“En dicho estudio se indican las principales características del proyecto piloto, en el que participaron ocho estados miembro (Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Italia, Malta, Rumanía y Eslovenia), limitado a sectores muy concretos como el de la cultura y el ocio”.
USO MUY LIMITADO

“Cabe señalar que, debido al escaso número de países y de proveedores que participaron en dicho proyecto piloto, el estudio indica que la Tarjeta Europea ha tenido un uso muy limitado y que, únicamente, en un escenario donde la Tarjeta se extienda a todos los Estados miembros y la participación de los proveedores de servicios sea obligatoria se aseguraría que todas las personas con discapacidad puedan, sin discriminación alguna basada en la nacionalidad, disfrutar los beneficios y servicios que se contemplaban en el proyecto de Tarjeta Europea para personas con discapacidad”, argumenta el Gobierno.
Asimismo, la respuesta expone que la nueva iniciativa aparece como una iniciativa emblemática en la recién aprobada estrategia ‘Una Unión de la Igualdad: Estrategia sobre los derechos de las personas con discapacidad para 2021-2030’ , cuyo texto aprobado indica que “antes de que finalice 2023, la Comisión propondrá la creación de la Tarjeta Europea de Discapacidad, con vistas a que sea reconocida en todos los Estados miembros” y que “se basará en la experiencia adquirida con el proyecto piloto”.