El magistrado acordó el pasado 29 de julio dar por finalizadas las pesquisas y circunscribir a la cúpula de Interior las responsabilidades de este operativo creado para sustraer a Bárcenas documentación sensible para el PP y su presidente de entonces, Mariano Rajoy. Cualquier responsabilidad política del partido, queda excluida.

El juez acordó sentar en el banquillo al ministro del Interior del momento, Jorge Fernández Díaz, y a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, junto a la cúpula policial y al chófer de Bárcenas, y exonerar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Al exministro le atribuye los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir los delitos, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Después de tres años de investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción consideraba que era necesario prorrogar las pesquisas y practicar nuevas pruebas y así lo solicitó al juez. Este mismo criterio fue expresado por la Abogacía del Estado, las acusaciones populares y varias de las defensas. Todos ellos solicitaron también la prórroga de la instrucción.

Anticorrupción quiere investigar las posibles ramificaciones políticas de esta trama y apuesta por investigar al PP, el mayor beneficiario de haber arrebatado documentos al extesorero del partido y de haberlos escamoteado al juez que investigaba el ‘caso Gürtel’.

En el escrito en el que la Fiscalía pedía al juez prorrogar la instrucción, al que tuvo acceso ‘El País’, se describía la ‘operación Kitchen’ como un operativo destinado a “proteger a los dirigentes del Partido Popular” que supuso la destrucción de documentación que podría “involucrar criminalmente” a líderes del PP.

Así, Anticorrupción sostiene que hay “indicios” de responsabilidad penal en la actuación de Cospedal y también de que Mariano Rajoy estaba al tanto del “desarrollo” de la ‘Kitchen’ y reclama nuevas diligencias para esclarecer su participación. El ministerio público esgrime los numerosos contactos telefónicos entre el comisario jubilado José Manuel Villarejo y Cospedal, a lo que añade los contactos con el entorno de la exsecretaria general del PP, en la época en la que puso en marcha la operación. El juez consideró que estas conversaciones no son suficientes para sustentar una acusación y que el derecho de reunión no puede ser la base de una causa penal.

Villarejo jugó un papel importante en la captación del conductor de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, como informante y era el encargado de entregar el sueldo de 2.000 euros mensuales por esta tarea, procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior.

El magistrado también rechazó otras iniciativas solicitadas por la Fiscalía para buscar las supuestas grabaciones que hizo Bárcenas tras reunirse con el expresidente Mariano Rajoy para discutir el tema. Villarejo entregó al juzgado el terminal desde el que, supuestamente, se mensajeó con Rajoy sobre la marcha de la operación, pero por el momento no ha sido analizado.