El departamento que dirige Ione Belarra aseveró que estos actos “vulneran principios fundamentales” de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

En ese sentido, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, atestiguó que “la libertad debe ir acompañada de justicia social, y la autonomía del individuo se cae si no se parte de la igualdad de oportunidades, pues a nadie le gusta tener un trabajo que es motivo de mofa”.

Por ello, la Dirección General pone a disposición de las personas que protagonizan estos espectáculos un “programa específico de reciclaje e inserción laboral para el acceso a un empleo digno y decente”.

A su vez, Jesús Martín Blanco consideró preocupante que a estos eventos acudan menores y deploró que las administraciones públicas, fundamentalmente los ayuntamientos, aprovechen sus ferias y fiestas mayores para ofrecer a sus vecinos una “programación basada en la mofa, degradación y humillación de una condición física”.

El Gobierno evocó la recomendación efectuada a España por el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de aplicar medidas para “diseñar, poner en marcha y mantener campañas de sensibilización pública y en los medios de comunicación destinadas a erradicar los estereotipos negativos hacia las personas con discapacidad, promover el reconocimiento y el respeto de sus derechos y fomentar una percepción positiva y una mayor conciencia social en lo que se refiere a esas personas en la sociedad”.

Esto le sirvió para dejar claro que el respeto a las personas con displasias óseas -protagonistas de los espectáculos del ‘bombero torero’- “no es una cuestión paternalista”, sino el “parámetro esencial que puede identificar situaciones lesivas de los derechos humanos, protegiendo y haciendo prevalecer un interés general protector de una colectividad”.

Ante esta situación, recordó que los países firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU “deben tomar todas las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad, siendo esta obligación aplicable a todas las partes del Estado español sin limitaciones ni excepciones”.

Por último, explicó que la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha propuesto la modificación del Convención Nacional taurino vigente, en la que se regula el toreo cómico, el Reglamento de Espectáculos Taurinos y de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

También ha sugerido acomodar a los preceptos de la Convención la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos, y la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural.