Así lo explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde afirmó que “no es momento para maximizar beneficios”.

A este respecto, destacó que si este mecanismo que el Gobierno traslada ahora a las Cortes por la vía de urgencia entrara ya en vigor aportaría 625 millones de euros al sistema eléctrico, que permitirían una reducción del recibo eléctrico de las familias y las pymes del 2,5%.

Además, explicó que otra modificación introducida a esta normativa tras el examen por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Estado es introducir un umbral mínimo de precio del CO2 para que se active, en contrato de 20 euros por tonelada, el precio medio de los últimos cinco años.

En cuanto al impacto de la medida, señaló que sería de unos 200 millones de euros anuales con el precio de los derechos de emisión a 30 euros y de hasta 1.700 millones si escala hasta los 100 euros.