En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado concluye la instrucción de la pieza ocho del denominado ‘caso Tándem’ y considera que existen indicios para juzgar a Villarejo, Redondo y David Macías González por delito de cohecho pasivo; a Marzena Katarzina -la mujer que reclamaba a Zotano una cantidad económica- por cohecho activo; así como a Riaño, García Castaño, Bonilla (en segunda actividad en el momento de los hechos) y Redondo, por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La resolución acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José Maria Serrano Ydígoras, así como de Juan Carlos Escribano Cárcel.

El juez explica que Marzena Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Zotano con el objeto de que este le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos.

Con posterioridad, el Grupo Cenytd, propiedad del comisario jubilado, elaboró un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental del empresario en el que se examinaba su persona, su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, su entramado societario y su situación financiera y se apuntaban, dice el juez, “indicios de la existencia de fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación”.

Para la confección de este informe, continúa el escrito, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público” y a los que pudo acceder por la intervención de los responsables policiales investigados. Dicho informe prejudicial fue presentado por Marzena Katarzina en las causas judiciales que tuvo contra el empresario.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Seis remarca que cuando se llevaron a cabo los hechos José Manuel Villarejo era comisario de Policía en activo y que “no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de datos de Felipe Gómez Zotano”.

En relación con la investigación del delito de extorsión, el magistrado lo descarta toda vez que no se aprecia ningún acto de violencia ni de intimidación preordenados a que el empresario realizase ni omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.

Apunta, además, que el encargo de Marzena Katarzina se produjo en el verano de 2015, por lo que no se pueden conectar con el Grupo Cenyt ningún hecho anterior a ese año.