Dicho Plan, que debería ser adoptado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Sanidad y Política Social, contendría mandatos a todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado para que incluyeran de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas.

La vigente legislación sobre contratación pública aprobada en 2007 permite a las Administraciones potenciar la dimensión social en las licitaciones, exigiendo condiciones de accesibilidad a productos y servicios, reservando directamente contratos a centros especiales de empleo o descartado de los procesos de adjudicación a las empresas que, estando obligadas, no cumplan la reserva legal de empleo en favor de trabajadores con discapacidad.

Para el Cermi, es imprescindible que la Administración Central tome conciencia de toda la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público para una época de crisis como la actual, que pasa por hacer de las licitaciones públicas una herramienta de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.

Algunos departamentos ministeriales, como el de Defensa, ya están aplicando estas medidas en su ámbito de contratación, pero se necesita un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado.