Concretamente, la Generalitat impulsará un procedimiento de mediación previo al inicio de expedientes judiciales de ejecución hipotecaria con el fin de evitar que, en caso de impago de los préstamos por dificultades económicas de los deudores, se produzcan desahucios con riesgo de exclusión social.

La mediación previa se aplicará exclusivamente en el caso de viviendas habituales situadas en Cataluña, según detalló el portavoz catalán, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Los criterios mínimos fijados por el Govern en relación con las medidas de protección a las familias se concretan, principalmente, en el aplazamiento de los plazos del préstamo hipotecario y de los periodos de carencia, la dación en pago o el uso de la vivienda con opción de compra.

También se incluyen previsiones respecto de los intereses de demora de los préstamos y créditos hipotecarios, para que no sean superiores a 2,5 veces el interés legal del dinero.

El objetivo del Gobierno catalán es fijar un marco común de las entidades que operan en Cataluña a fin de lograr todos o algunos de estos criterios.