Para el sindicato, “el cierre y salida de España por parte de la multinacional obedece exclusivamente a una estrategia de mercado y a su falta de rentabilidad”, y reclama que “el impacto en términos laborales sobre las 4.000 personas que prestan servicio, en su gran mayoría como 'riders' bajo la figura de falso autónomo, se afronte con plenas garantías, reconociendo su estatus laboral como así han señalado múltiples actas de Inspección de Trabajo y sentencias de los tribunales españoles”.

Así, la organización liderada por Unai Sordo, que ya ejerció como asesor de los trabajadores en el ERE ejecutado en dicha empresa en 2020- aseguró que trabajará “codo a codo” con las personas afectadas de cara al preceptivo periodo de consultas ante un proceso de despido colectivo (ERE).

Además, CCOO señaló que la “tal y como la propia plataforma ha reconocido, su decisión obedece exclusivamente a una estrategia de mercado, relacionada con su falta de liderazgo en España, donde se ve superada por otros operadores, y a las pérdidas económicas que ha acumulado”. En este sentido, el sindicato recordó que “que existen otras plataformas de reparto presentes en territorio español que son rentables económicamente y cumplen con la legislación laboral”.

Asimismo, reclama al Gobierno “una especial implicación con el cumplimiento y despliegue” de la ‘Ley Rider’, tras el anuncio ayer de Globo de “su intención de desobedecer la ley y seguir operando sin garantizar la laboralidad y, por tanto, sin respetar los derechos tanto individuales como colectivos de una mayoría de sus repartidores”.

Ante esta situación, CCOO exige “un impulso decidido, desde la acción legislativa e inspectora, para garantizar la laboralidad de las personas trabajadoras de las plataformas digitales de reparto”.