Dicha medida fue aprobada en 2020 tanto por la Comisión Europea como por España, mediante aprobación parlamentaria, con el objetivo de dotar a los Estados miembro de mayor margen fiscal con el que hacer frente tanto a la crisis sanitaria como económica provocadas por la pandemia de Covid-19, siendo prorrogada de nuevo en 2021.

Ahora, ante el inicio del trámite presupuestario con la aprobación el pasado martes del límite de gasto no financiero, el conocido como ‘techo de gasto’ sobre el que elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, la Airef publica un informe, a solicitud del Ministerio de Hacienda y Función Pública, sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales para mantener activa dicha cláusula de escape.

Ya en marzo de 2021 la Comisión Europea, que posteriormente lo confirmó en junio, anunció que se cumplían los requisitos para mantener en vigor la cláusula de escape para el año 2022, retrasando su desactivación -y con ello la activación de las reglas fiscales- hasta 2023, aunque está pendiente de definir, según recuerda la Airef en su informe, el marco de supervisión fiscal europeo que prevalecerá en ese momento y cuya reforma ha quedado en suspenso durante la crisis.

Con la suspensión de las reglas fiscales, quedaron desactivados los objetivos de déficit y deuda establecidos para cada país, y dentro de España, los indicados para cada administración territorial, pasando a señalar el Ministerio de Hacienda unas tasas de referencia recomendadas.

Así, en su informe, la Airef considera que, “pese a los avances en el proceso de vacunación, las sucesivas oleadas de la pandemia arrojan incertidumbre sobre el grado de normalización que se podrá alcanzar en términos sanitarios, económicos y sociales en lo que resta de 2021 y 2022”.

A esto, añade “la incertidumbre en torno al momento en que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) comenzará a desplegar sus efectos y al tamaño de su impacto”, por lo que apunta que sin el impulso asociado a dicho Plan, “la economía no recuperaría hasta 2023 los niveles de actividad previos a la pandemia”, mientras que el impacto del Plan “permitiría adelantar esa fecha a 2022”.

En el ámbito fiscal, la Airef estima para su escenario central un déficit de las administraciones públicas del 7,9% del PIB en 2021, por debajo del 8,4% del PIB previsto por el Gobierno. Esto supone una reducción de algo más de tres puntos del PIB respecto a 2020. Además, en su informe emitido en mayo, estimó para su escenario central una reducción del déficit de las administraciones públicas hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2024, tres décimas superior al recogido en las previsiones del Ejecutivo.

En este contexto, las estimaciones de la Airef señalan “una salida de la crisis con una posición fiscal más vulnerable en términos de déficit estructural y deuda”, por lo que aconseja mantener la cláusula de escape y considera “que la política fiscal continúa siendo un instrumento necesario para consolidar una rápida salida de la crisis y evitar, en la medida de lo posible, efectos permanentes sobre el tejido productivo”.

ESTRATEGIA FISCAL

Sin embargo, en su informe, la Airef también recuerda la obligación de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo, por lo que pide al Gobierno “elaborar una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas ”.

En concreto, la autoridad independiente recuerda que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera señala en su artículo 11.3 que dicha sostenibilidad no puede ponerse en peligro por la desviación temporal del déficit, por lo que Airef advierte que “en la legislación española la activación de la cláusula de escape lleva asociada la aprobación de un plan de reequilibrio”.

Así, la Airef considera que “elaborar una estrategia fiscal supone planificar a medio plazo, es decir, establecer unos objetivos y metas a futuro y prever actuaciones para alcanzarlos, lo que no significa una consolidación en el momento actual”. Además, apunta que “el plan debe ser flexible, pudiendo ser objeto de revisión en función de las circunstancias que se materialicen”.