Según informó este viernes la Policía, la investigación se inició gracias a la colaboración entre el cuerpo policial y una ONG especializada en la trata de seres humanos que permitió la localización e identificación de un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de mujeres captadas mediante el método conocido como “lover boy”.

Éste método consiste en el establecimiento de una relación sentimental entre una mujer y un proxeneta, que simula ser un novio que se preocupa y protege a su pareja. De esta manera, y aprovechando el vínculo emocional generado, el proxeneta embauca a la mujer para hacer todo lo que él desea, incluyendo el ejercicio de la prostitución en otro país.

La organización criminal desarticulada, que tenía su sede principal de operaciones en Madrid, captaba a las mujeres en Rumanía y las trasladaba a España, Bélgica y Reino Unido, donde las obligaban a ejercer la prostitución. En España, la explotación de las mujeres se producía en las calles de los polígonos industriales de Marconi y Vicálvaro, en la ciudad de Madrid.

Así, las mujeres eran prostituidas en condiciones higiénicas deplorables, con grave riesgo de contagio y transmisión de enfermedades sexuales en plena crisis sanitaria generada por la covid-19. Eran coaccionadas e intimidadas por los explotadores, sufrían agresiones físicas, castigos corporales y amenazas de muerte, y habían asimilado la idea de que la única alternativa para su subsistencia era el ejercicio de la prostitución. Los proxenetas, carentes de escrúpulos, no dudaron en prostituir a una mujer con discapacidad intelectual.

UNA DEUDA INALCANZABLE

La organización ejercía un férreo control sobre las mujeres. Limitaba sus contactos sociales a los creados con los clientes o con otras víctimas y obligaba a algunas de ellas a trabajar completamente desnudas. Diariamente entregaban el dinero ganado a los proxenetas, con los que habían adquirido una deuda derivada de los gastos del viaje, hospedaje, manutención, vestimenta y cuidados médicos, entre otros, que era imposible de saldar.

Durante la operación se han llevado a cabo tres registros domiciliarios en Madrid y Getafe en los que se ha intervenido 3.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y teléfonos móviles, un arma blanca simulada en una tarjeta de crédito y documentación de interés relativa a los hechos investigados.

La coordinación y la colaboración entre la Policía Nacional y las ONG se han visto favorecidas con la creación de la figura del interlocutor social, que surgió en el año 2016 con el objeto de fomentar la colaboración policial con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata.

Durante el año 2020 la Policía Nacional ha llevado a cabo 73 investigaciones en las que se ha liberado a 204 víctimas y detenido a 220 personas. Además, a través de los canales de cooperación habilitados se recibieron 1.119 llamadas y 1.317 correos electrónicos, lo que suma un total de 2.436 avisos de ciudadanos en relación con este tipo de delitos