En una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía sostiene que dicha decisión supone un reconocimiento de la profunda cultura de cumplimiento normativo que Repsol considera intrínseca a su concepción de los negocios.

A este respecto, destaca que incluso con anterioridad a la introducción de disposiciones legales específicas de obligado cumplimiento, la compañía se dotó de un código de ético y conducta y de normas internas específicas de debido control para todos sus empleados, directivos y colaboradores, a la altura de los más avanzados y exigentes estándares del panorama nacional e internacional.

Por ello, afirma que “desde la fundada convicción de que no ha existido conducta ilícita alguna o contraria al Código de Ética y Conducta de la Compañía por parte de ningún consejero, directivo o empleado de la compañía, actuales o pasados”, reitera su “apoyo y confianza hacia quienes de entre ellos mantienen la condición de investigados”.

Por último, destaca su compromiso de plena colaboración con la Justicia y en su plena confianza en la labor de los Juzgados y Tribunales españoles.