Tras tres años de investigación, el juez concluye que existen “indicios suficientes” para enviar a juicio a la cantante por el impago a Hacienda de 14,5 millones de euros. Según la investigación, la cantante y otros querellados usaron varias sociedades mercantiles a las que se asignaba patrimonio que reamente pertenecía a Shakira.

La defensa de la cantante alegó que Shakira vivió menos de 184 días en España por sus compromisos profesionales, por lo que no estaría obligada a tributar a la hacienda pública española. Además, la artista ya abonó la cantidad reclamada por Hacienda en 2018.

Según la Fiscalía de Barcelona, la cantante habría dejado de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,4 millones por IRPF y de 2,19 millones por el impuesto del patrimonio.