Un año después de la detención del empresario, Penalva fue apartado de la instrucción del caso después de que se hicieran públicos varios mensajes entre el magistrado y una testigo protegida en esa causa, que comprometió su “apariencia de imparcialidad”.

También salió a la luz un chat de WhatsApp en el que participaban el fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán, y policías del grupo de Blanqueo, en el que intercambiaban opiniones e insultos sobre los investigados.

Al pasar la instrucción al juez Miguel Florit en 2018, éste acabó imputando al fiscal y a Penalva por delitos de prevaricación, revelación de secretos, coacción a testigos y detención ilegal. El juez llevaba dos años en situación de baja médica.

El pasado mes de abril, Carlos Gómez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), exculpó al juez Manuel Penalva y al fiscal jubilado Miguel Ángel Subirán de las acusaciones más graves y acordó que prosiguiera el procedimiento contra el exjuez solo por los delitos de revelación de secretos y la omisión de perseguir este delito. También el fiscal se retiró anticipadamente el pasado año.

El llamado ‘caso Cursach’ se comenzó a investigar en 2013 y tenía relación con el supuesto amaño de las oposiciones de ascenso dentro de la Policía Local de Palma. La investigación de una operación que nada tenía que ver con esas pesquisas sobre los moteros de Los Ángeles del Infierno desveló las conexiones entre el empresario balear y los agentes locales que controlaban el cumplimiento de las normas de los locales nocturnos y el tráfico de droga.

Fiscal y juez se apoyaron en un grupo de agentes de la unidad de Blanqueo para impulsar la investigación que supuso tomar declaración a mandos policiales, funcionarios, empresarios e incluso la mujer que regentaba un prostíbulo. Mientras tanto arreciaban las denuncias que hablaban de amenazas del entorno de Cursach para obstaculizar la investigación. El empresario fue detenido en 2017 y a partir de ese momento comenzaron a aparecer datos sobre supuestas coacciones a una testigo por parte del juez.

En caso de que fiscal y juez sean condenados, se declararía la nulidad de las investigaciones y Cursach, sus colaboradores, y varios policías locales no tendría que enfrentarse a un juicio que está pendiente de señalamiento.