En una entrevista en Antena3 recogida por Servimedia, el ‘número dos’ de Pablo Casado en Génova se pronunció en estos términos después de que ayer el Tribunal de Cuentas expresase sus “dudas” sobre la legalidad del aval que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha otorgado a ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña.

El secretario general de los populares censuró que aquellos que han “quebrado la ley, roto la convivencia y han sido condenados por ello” tengan el aval de un instituto de crédito oficial, mientras que miles de emprendedores que quieren poner en marcha su negocio no disponen de él.

“Aquellos que han quebrado la legalidad, propiciado un referéndum ilegal y un golpe al Estado tienen que pagar de su bolsillo hasta el último gasto, la última urna y la última papeleta”, subrayó, antes de reclamar que caiga “todo el peso de la ley” sobre aquellos que han puesto una firma en este proceso de avales.

Ayer, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas que impuso una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat, Esperanza García, expresó sus “dudas” sobre la “suficiencia y legalidad” de avales presentados por el ICF y por eso solicitó a la presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.