ERC, JxCat, PDeCat, Bildu, BNG, Más País, Compromis y CUP han firmado también esta petición de comisión de investigación que basa su argumentación jurídica “en el indudable interés público que tiene la decisión del Rey emérito de solicitar, por segunda vez en pocos meses, una regularización tributaria millonaria y la obligación que tiene el Congreso de los Diputados, como sede de la soberanía popular, de arrojar luz sobre cualquier sombra de corrupción que afecte a las instituciones públicas”.

De esta forma, los partidos firmantes vuelven a solicitar que la Cámara Baja constituya una comisión de investigación relativa a “la opacidad en la venta de armas a países no democráticos y las comisiones ilegales vinculadas, así como para determinar, en su caso, las consiguientes responsabilidades éticas y políticas”.

En el texto, se explica que dicha comisión tendrá por objeto “investigar, y en su caso determinar la concurrencia de responsabilidades fiscales y éticas, por las presuntas irregularidades en transacciones comerciales armamentísticas del Estado español”.

En concreto, se quiere “conocer, detectar y evaluar la legalidad de las comisiones por ventas adjudicadas a los socios de Alkantra Iberian Exports Ltd en las transacciones comerciales armamentísticas realizadas desde su constitución en Londres en 1978 y su disolución en Chipre en 1990”.

También se pretende “investigar presuntos casos de malversación de fondos públicos en actividades comerciales de ventas armamentísticas a países no democráticos”, así como “conocer, detectar y evaluar las presuntas implicaciones del Rey emérito Juan Carlos I en las actuaciones comerciales realizadas por Manuel Prado y Colón de Carvajal”.

De tal manera, las formaciones proponentes pretenden “evaluar las trabas e impedimentos derivados de la aplicación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales para investigar la implicación del Estado español en el tráfico de armas” y también detectar “las trabas e impedimentos” derivados de la aplicación de esta ley para “ejercer el ejercicio legítimo democrático del Poder Legislativo”.

En la exposición de motivos de la iniciativa, dichos partidos políticos aluden a recientes noticias publicadas que “ponen nuevamente sobre la mesa la problemática arraigada a la falta de transparencia en la venta de armas del Estado español”.

“El caso que nos concierne se destapa a raíz del origen de la fortuna del Rey emérito Juan Carlos I y cómo está se vincula a la empresa Alkantara Iberian Exports, entidad promovida por el monarca en 1977 y financiada, en un cincuenta por ciento, por la empresa árabe Triad International Holding Company” y en lo restante “con fondos públicos pertenecientes el Estado español”.

En el texto se destaca que las recientes noticias publicadas exponen “ejemplos de transacciones comerciales armamentísticas que podrían promover la exigencia de responsabilidades legales a los actores implicados”.

Por ello, exigen “determinar el alcance de estos indicios, conocer la verdad, dilucidar las responsabilidades políticas y éticas, así como proponer medidas de calado para velar por las buenas prácticas comerciales”, pues estas cuestiones “han de estar entre las funciones primordiales del Poder Legislativo del Estado”.