Por todo ello, les pedían a los cuatro acusados, Francisco Javier de H.O., María Carmen B., Amparo C. J. y Josefa X. J., 16 años de prisión a cada uno, penas que han sido reducidas a 30 meses y medio para el sacerdote y 23 meses para las tres mujeres implicadas.

Este acuerdo, rubricado la semana pasada por los letrados de las defensas, Pedro Baringo; Francisco Javier Jiménez; Óscar Albert Bravo y Oriol Domingo i Coll, y la Fiscalía ha permitido suspender el juicio que se iba a celebrar este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Ahora, el Arzobispado de Zaragoza tendrá que hacer los pagos de las indemnizaciones que ascienden a los 100.000 euros y el cura será inhabilitado para ejercer matrimonios durante 1 año.

Los enlaces ocurrieron entre el 7 de abril y el 3 de diciembre del 2007 entre mujeres españolas y hombres de nacionalidad albanesa y pakistaní. La investigación comenzó cuando los responsables del Registro de Zaragoza dieron la voz de alarma al ver un fuerte aumento de matrimonios entre españolas y extranjeros en esta parroquia.

Al parecer, según se señalaba en el escrito de acusación, las barcelonesas, conocidas con los alias “Perlita”, “Bambari” y “La Chunga”, se hacían pasar unas veces por contrayentes y otras por testigos. Asimismo, recurrían a familiares para que actuaran como futuras esposas, suplantando la personalidad de los verdaderos consortes.

Del total de bodas, el método más corriente era usando DNI robados o extraviados, por lo que se suplantaba la identidad de otras personas que, sin saberlo, algunas se encontraron con que figuraban como contrayentes de un matrimonio con un desconocido.

Otro de los procedimientos era, según el representante del Ministerio público, ofrecer a parejas estables que tenían la intención de contraer matrimonio la posibilidad de hacerlo “por la vía rápida”, es decir, evitándoles los numerosos trámites que, de normal, se les venían exigiendo.

También existía otra forma que era a través de la captación de un contrayente al que ofrecían la posibilidad de ganar dinero, que oscilaba entre 1.000 y 3.000 euros, por casarse con un extranjero, cantidad que detraían del dinero que cobraban al inmigrante.

Todo ello, sin cumplir los requisitos del matrimonio canónico, como la dispensa en caso de disparidad de cultos, amonestaciones y certificado de soltería.