La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el director del organismo de la Inspección, Héctor Illueca, presentaron este lunes el plan consistente en el envío de 137.503 cartas informativas a las empresas y también a las de trabajo temporal (ETT) y administraciones públicas que puedan verse afectadas por el riesgo de las olas de calor, con el objetivo de que lo prevengan. Estas empresas alcanzan a 973.021 trabajadores.

Díaz señaló que se va a tomar “con mucha seriedad” esta campaña y que en los casos de incumplimiento de las medidas habrá sanciones graves, que oscilarán entre 2.046 y 40.985 euros, y muy graves, de 40.985 a 819.780 euros.

Además, se mantendrán reuniones entre la inspección con los agentes sociales “los próximos días” para abordar este tema. “Todos tenemos el mismo objetivo común que es preservar seguridad y salud de los trabajadores y ser capaces de neutralizar estos riesgos”, afirmó Illueca, quien señaló que la agricultura y la construcción son los sectores más afectados, ya que se realizan al aire libre, requieren una elevada carga física o lejanía del agua potable.

Indicó que en 2019 se produjeron más de 100 casos de insolaciones o accidentes de trabajo por el calor y repasó que se debe utilizar ropa de trabajo que proteja del sol, facilitar a los trabajadores líquido para hidratarse, evitar las horas de más calor y organizar el trabajo para garantizar la seguridad y salud.

El director de la Inspección también dijo que se dará “carácter urgente” a las denuncias que se reciban al respecto y se van a incluir actuaciones inspectoras específicas en materia de economía irregular frente al riesgo por calor.

Señaló que la vigilancia sobre la prevención de riesgos laborales “se está realizando ya” y “se han intensificado las actuaciones inspectoras” con “acciones específicas de vigilancia”, y ahora se trata de “una carta informativa que acompaña a todas estas medidas que ya se han adoptado para tratar de poner un foco preventivo en aquellos ámbitos cuyas condiciones intrínsecas pueden entrañar un mayor de riesgo”.

Las actuaciones propuestas se enmarcan dentro de las medidas planificadas para el periodo estival de 2021, que se aprobaron en el Consejo de Ministros del pasado 29 de junio.