El Tribunal investigaba el rescate de la línea aérea como consecuencia de una denuncia presentada por Ciudadanos, que apreciaba perjuicio para las arcas públicas. Sin embargo, el tribunal no ha encontrado datos que avalen esas sospechas y dice que los hechos analizados “no presentan indicios de haber dado lugar al incumplimiento de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicable al sector público”.

El Estado acordó una ayuda financiera para Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee), que gestiona la SEPI. La ayuda ascendió a 53 millones de euros y se habría concedido a la aerolínea sin que la empresa cumpliera los requisitos para beneficiarse de esa ayuda.

El auto por el que se archiva la investigación, firmado por Felipe García Ortiz, señala, sin embargo, que hasta el momento la compañía ha recibido una financiación “de 19 millones de euros” en forma de “préstamo ordinario” por lo que no se ha originado “un perjuicio económico a los fondos públicos”.

Ese préstamo sería irregular sólo en caso de que los fondos se dedicaran a fines distintos a aquellos para los que fue concedido o en caso de que no se amortizara la devolución del préstamo en los plazos correspondientes o no se devolvieran los intereses.

Esta pequeña aerolínea ya tenía cuentas negativas antes de la pandemia de coronavirus y su rescate ha sido diana de las críticas de la oposición que defienden que no es una compañía estratégica ni era solvente. Además, están sobre la mesa los supuestos lazos de la aerolínea con el gobierno de Venezuela.

Estas ayudas están siendo también investigadas en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que la semana pasada ordenó suspender la entrega de 34 de los 53 millones de euros aprobados como rescate. Dice el Tribunal de Cuentas que el archivo tiene el respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.