En un estudio publicado este lunes firmado por los investigadores Alfonso R. Sánchez Martín y Sergi Jiménez Martín, Fedea señala que España cuenta con la jubilación activa desde 2013, que permite compatibilizar el cobro del 50% de la pensión en el caso de los asalariados mientras se sigue trabajando.

Sin embargo, la fundación señala que tiene dos problemas “importantes” y son las condiciones de acceso “muy restrictivas” y que “no siempre genera los incentivos adecuados” para que las empresas y los trabajadores se acojan a ella.

Por ello, Fedea apunta que no se espera que se use mayoritariamente en el futuro y que para alcanzar sus objetivos “será preciso mejorar notablemente su diseño, optimizándolo en aspectos tales como los detalles contributivos durante la fase de compatibilización, el porcentaje de la pensión a recibir, el grado de actualización de la pensión final, etc.”.

El trabajo analiza los efectos de “relajar” las condiciones de acceso y recalcular el importe final de la pensión teniendo en cuenta el periodo de compatibilidad y concluye que será necesario afinar aún más el diseño.

Considera que “reflejar los intereses y decisiones de las empresas es, claramente, la extensión más necesaria” de la jubilación activa y de cara a futuros trabajos, “lo más inmediato” es explorar "nuevas reformas institucionales”. Algunos aspectos adicionales que también podrían estudiarse, según Fedea, sería permitir la percepción de pensiones mínimas bajo jubilación activa, explorar entornos en que se exima de cotizar por contingencias comunes en las edades previas a la edad legal y considerar rangos de ingresos en que la cuantía de la pensión durante la fase de compatibilización sea mayor (salarios bajos) o menor (salarios altos) al 50% actual.

“Todos estos cambios entran en una categoría más general: la necesidad de optimización del diseño del mecanismo de compatibilización con el objetivo de que la Seguridad Social pueda recibir una parte del excedente producido por cada trabajador que participa en el programa”, recoge el estudio.

Además, considera que la Seguridad Social debe sopesar el peso relativo de los objetivos financieros y de oferta de trabajo del programa.