Así lo indicó a través de un apunte en su perfil oficial de Twitter después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordase la suspensión cautelar de la ayuda de 34 millones a Plus Ultra con cargo al fondo para ayudar a empresas estratégicas en dificultades.

“Nuevo varapalo judicial a Sánchez”, valoró Casado. “Hoy, gracias al recurso del PP, el juzgado ha paralizado el rescate a Plus Ultra”, se congratuló el presidente de los populares en este mensaje.

En palabras del líder de la oposición, el cese de José Luis Ábalos como ministro “no tapa las corruptelas a favor de Nicolás Maduro paga pagar los votos de Podemos”, socio del PSOE en el Gobierno de coalición.

También habló sobre este tema la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, al participar en la Manga del Mar Menor en la conferencia ‘Gobierno socialista y ayuntamientos: la historia que se repite’, que se celebra en el marco de los Cursos de Verano del PP de Murcia.

Gamarra subrayó lo “necesaria” que es “la alternativa” del PP y afirmó que “hoy hemos tenido una noticia importante” que es “fruto del trabajo” de este partido y que “demuestra cuál es nuestro compromiso con España y los españoles”.

La portavoz del PP en la Cámara Baja dijo que Plus Ultra es una empresa con solvencia “más que dudosa” pues tiene “pérdidas desde el día en el que se constituyó”. También negó que sea estratégica una aerolínea “con un avión y que cubre el 0,03% del tráfico aéreo”.

En un momento en el que “cientos de miles de autónomos no han recibido todavía ninguna ayuda directa del Gobierno”, celebró que el PP “haya frenado que la semana que viene el Gobierno de España le fuera a entregar 34 millones de euros a Plus Ultra”.

“Eso dice mucho del trabajo que estamos haciendo” porque “no vamos a permitir que el dinero que es de todos y que tiene que llegar a cubrir las necesidades de aquellos que lo necesitan” se entregue a una compañía como Plus Ultra.

“Por lo menos hasta que no se justifique para que haya garantías”, apostilló Gamarra, avisando al PSOE de que no puede pensar que el dinero público “es suyo” y “dárselo a aquella empresa en la que tienen amiguetes” mientras otras personas que actúan “bien” se dedican a “esperar, sufrir y arruinarse” por la crisis.

En la resolución del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, a la que tuvo acceso Servimedia, se acordó la suspensión cautelar de la entrega prevista para el día 28 de julio de 2021 a la empresa Plus Ultra de la cantidad concedida como préstamo participativo por un importe de 34 millones de euros con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en dificultades por la crisis de la Covid-19.

De esta forma, se requiere a la compañía Plus Ultra que “acredite la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores”.

En los fundamentos de derecho del auto, que da respuesta a un escrito del PP, se entiende que “las partes deberán acreditar la necesidad de la entrega para dicha viabilidad de forma que una entrega no justificada supondría un menoscabo patrimonial importante sin posibilidad de restauración a una situación anterior”.

Se argumenta que “la existencia de este procedimiento penal justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio, sin perjuicio de que, si queda acreditada su pertinencia, se proceda a su entrega, con la documentación y el resto de diligencias que se acuerden por entenderlas necesarias para el esclarecimiento de los hechos”.

Todo ello tras resaltar que “el desembolso de la cantidad de 34.000.000 de euros como préstamo participativo prevista para el día 28 de julio del presente, dentro de un plan de viabilidad para la empresa Plus Ultra, debe ser justificada, habida cuenta la existencia de este procedimiento”.

Fue el pasado 9 de marzo cuando el Consejo de Ministros aprobó la inyección de 53 millones en Plus Ultra Líneas Aéreas con cargo al fondo de 10.000 millones de euros que gestiona la SEPI para ayudar a empresas estratégicas en dificultades por la crisis de la Covid-19. En el caso de Plus Ultra, la ayuda consiste en 34 millones en préstamos participativos y 19 millones ordinarios, disponiendo de siete años para su devolución.