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Los fabricantes de materiales aislantes reclaman al Gobierno que “se vinculen las ayudas para la rehabilitación a la limitación de la demanda energética"
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La Asociación de Fabricantes de Materiales Aislantes (Andimat) demandó este miércoles al Gobierno que “se vinculen las ayudas para la rehabilitación a la limitación de la demanda energética".
El director general de Andimat, Luis Mateo, reclamó en un comunicado difundido por la asociación “que se establezca un plazo de un mes para el pago de las ayudas” que llegarán con el reparto de los más de 1.600 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se destinarán a la rehabilitación de viviendas y edificios públicos a través de las distintas comunidades autónomas.
Para Mateo "lo prioritario debe ser reducir las necesidades energéticas del edificio al mínimo posible, de manera que no tenga que consumir energía alguna, algo determinante para reducir la pobreza energética”, demanda que no coincide con lo puesto en el Real Decreto, que no incluye la limitación de la demanda energética en los criterios de acceso a las ayudas, según apuntó Andimat.
Según remarcaron, la justificación de las actuaciones realizadas en base a los ahorros energéticos obtenidos es una exigencia para la concesión de las ayudas que vienen de Europa. Por ello, según Andimat, "el texto debe incluir de forma explícita la necesaria emisión de un informe de control y verificación realizado por una tercera parte independiente que acredite el cumplimiento de las actuaciones objeto de las ayudas en cuanto a la reducción de la demanda y del consumo de energía".
Por último, la asociación sugiere en las alegaciones que ha presentado al proyecto de ley que regula dichas ayudas que se establezca un plazo de un mes para el pago de las ayudas, que no se fija en el texto, ya que “puede generar desconfianza tanto para los ciudadanos como para el sector de la rehabilitación habida cuenta de experiencias pasadas con programas similares”.
“Los retrasos en los pagos de las subvenciones ocasionan que las empresas rehabilitadoras terminen actuando como financiadoras de las obras, planteando problemas para las comunidades de propietarios, lo que perjudica a los programas”, avisó Mateo.
(SERVIMEDIA)
21 Jul 2021
JFL/ecr/clc