Así lo indicó durante el debate de la convalidación de este real decreto que contempla limitar los contratos temporales a un máximo de tres años, indemnizar a los interinos que pierdan su plaza con 20 días por año trabajado y hacer fijas más de 300.000 plazas que ahora son temporales.

En la última semana varios de los grupos parlamentarios que suelen apoyar las iniciativas del Gobierno habían mostrado sus dudas sobre este real decreto, por lo que Montero les pidió el apoyo para la convalidación del real decreto este miércoles para posteriormente tramitarlo en forma de proyecto de ley y que así el resto de grupos puedan “incorporar cuantas mejoras sean posibles”.

De esta forma, Montero apuntó a la voluntad de “diálogo y acuerdo” del Ejecutivo ante “un tema tan complejo, que afecta a tantas personas y al conjunto de las administraciones públicas”.

CONTENIDO

El real decreto nació de un acuerdo del anterior ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de julio. Las distintas partes alcanzaron este acuerdo después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo.

En virtud del acuerdo, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.
Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.
Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.
De manera paralela, el acuerdo contempla “un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales” que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”. La experiencia adquirida en el puesto se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.