Fuentes del Ejecutivo explicaron que, con esta norma que ahora inicia su trámite parlamentario, esta fundación pierde su labor por la disposición derogatoria que anula el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que permite a los monjes benedictinos la gestión de la abadía.

Una vez que la Ley de Memoria Democrática sea aprobada definitivamente por el Parlamento se dotará de un nuevo marco jurídico, orgánico y de funcionamiento de todo el valle y de la abadía, que será negociado con la Iglesia, dado que se reconoce que es un lugar de culto.

Además, en el Gobierno no aclaran el futuro de la cruz que preside el valle de Cuelgamuros por cuanto lo entienden también como un símbolo del nacionalcatolicismo que rigió en España durante décadas. Consideran en el Ejecutivo que la mayor resignificación que se hará con el Valle de los Caídos ya se ha hecho con la salida de los resto del dictador Francisco Franco y ahora toca convertirlo en un lugar de memoria.

Por eso, dejan entrever fuentes del Ejecutivo que no se tocará la cruz porque permite explicar en qué época se hizo y por quiénes, y el significado de ese movimiento entre religión y política, el nacionalcatolicismo, que dirigió España durante cuarenta años y que tiene el máximo exponente simbólico en la cruz.

Fuentes gubernamentales comparan la presencia de la cruz en ese valle con el mantenimiento en los campos de exterminio nazis de los hornos crematorios porque explica muchas cosas de esa parte de la historia de España y de esas simbiosis entre la religión católica y el régimen totalitario.

Dentro de los cambios futuros que le esperan al Valle de los Caídos, tras la salida de Franco, el Ejecutivo quiere proceder a la exhumación de los restos de Primo de Rivera y, para ello, establece en la ley que nadie puede estar en lugar preminente. Reconociendo la condición de víctima en la guerra civil, una vez que la ley se apruebe en Cortes, el Gobierno espera iniciar conversaciones con la familia para su exhumación ofreciendo incluso el traslado al cementerio civil del valle.

Precisamente, en dicho enclave y de manera inminente una vez que ya el ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha dado la autorización, se procederá a la exhumación de restos de víctimas que son reclamadas por su familias. El Gobierno se compromete también, dentro de la resignificación del lugar, a adecentar las criptas del cementerio civil.

SANCIONES

En la ley aprobada por el Consejo de Ministros, tal y como la dejó ultimada la exvicepresidenta Carmen Calvo, también se establece con detalles, según explican desde La Moncloa, el procedimiento para la retirada obligatoria de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como distinciones, títulos, condecoraciones y recompensas o supresión de títulos nobiliarios concedidos a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la guerra o la dictadura, dentro de la apuesta por evitar la exaltación de la guerra civil y la dictadura franquista.

El incumplimiento de estas medidas, y como novedad respeto a la ley de Memoria de 2007 que establecía recomendaciones, esta vez se podrá sancionar todo lo contrario a esta norma con multas de entre 200 y 150.000 euros en función de gravedad.

Con esta ley, con la que el Gobierno busca ubicar a las víctimas en el centro de la acción pública, el Ejecutivo admitió que desde la ley de amnistía de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2020 se ha reconocido a 608 beneficiarios de indemnizaciones, lo que eleva el monto de las reparaciones morales individuales a más de 21.600 millones de euros.

Siguiendo con el procedimiento ya abierto en esta legislatura, el Gobierno liderará el proyecto de búsqueda, exhumación, identificación y dignificación de los entre 20.00 y 25.000 cadáveres que calcula que siguen en fosas comunes.

Así, este año ya se trabaja, por un lado, en las 114 fosas que se iniciaron con el plan de choque de 2020 y, por otro, en las 190 previstas para este 2021 en el plan cuatrienal aprobado por el Departamento que ahora lidera Félix Bolaños y que coordina el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

Frente a los cero euros que recuerdan en el Gobierno que destinó el Ejecutivo de Mariano Rajoy a la Memoria, el 60% de los 11 millones que tiene presupuestada la Secretaría de Estado de Martínez es para buscar a españoles en las fosas comunes.

Además, entre las novedades que desde La Moncloa destacan de esta ley que se abre a los grupos parlamentarios está la creación de un censo de las víctimas, como sucede en otros países como Alemania, algo que en España no hay hasta ahora y que permitiría el reconocimiento -nombres y apellidos- de las víctimas y la opción de otorgar un certificado que las reconozca.

Entre los avances, afirman en el Gobierno, que logra España con la ley está la creación del fiscal de sala -que deberá nombrar la Fiscal General del Estado- para que investigue la Memoria Democrática y la violación de los derechos humanos hasta la transición.

EDUCACIÓN

Otra apuesta del Gobierno con esta ley, para que nunca más vuelva a pasar lo ocurrido, es la actualización de los contenidos curriculares para la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato, con medidas encaminadas a promover el deber de memoria mediante acciones en los diferentes ámbitos educativos y de formación del profesorado, la investigación y la divulgación de la Memoria Democrática.

Este aspecto ya está avanzado con Educación y se está trabajando, admiten fuentes gubernamentales, en una reorientación de los tiempos, de la asignatura de Historia, así como en valores o ética. Tal es la apuesta por el deber de memoria como garantía de no repetición que se establecerá la Memoria Democrática como temario en las oposiciones.

Mediante actos de Estado, según apuntan fuentes del Ejecutivo, se conmemorarán los dos días de recuerdo que establece la ley: el 31 de octubre como Día de las Víctimas del golpe de Estado, la guerra civil y la dictadura; y el 8 de mayo como Día de las personas exiliadas.