Lo hicieron mediante el ‘Manifiesto por unas energías renovables compatibles con la biodiversidad en las islas Canarias’ en el que, además, destacan la necesidad de poner freno al proceso de despoblamiento del medio rural y promover oportunidades de desarrollo socioeconómico sostenibles.

Los ecologistas explicaron que Canarias está experimentando un desarrollo “rápido” de las energías eólicas, y comienzan a implantarse instalaciones para la producción de energía fotovoltaica, “sin que las administraciones autonómicas competentes hayan realizado ni la adecuada planificación energética previa, ni la preceptiva evaluación ambiental estratégica”. Y agregó que tampoco se ha realizado el estudio para determinar las zonas potencialmente aptas que tiene el objetivo de reducir las consecuencias negativas para el medio ambiente.

Por otra parte, señalaron que, en la actualidad, “una importante parte de los emplazamientos” donde se están instalando o proyectando plantas renovables están produciendo afectaciones “inaceptables”. Y es que, si la situación persiste, no se podrá garantizar la sostenibilidad del despliegue renovable en las islas.

Además, apuntaron que las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto son “insuficientes” puesto que no se inscriben en el marco de una planificación a nivel regional e insular previa y en muchas ocasiones no justifican de manera adecuada la ubicación de las instalaciones.

Por ello, los ecologistas solicitaron que se garantice la armonización de normativamente y de forma vinculante, priorizando el despliegue en zonas de menor sensibilidad para el patrimonio natural; concluir la planificación energética de las islas y la evaluación ambiental estratégica de dicha planificación energética, con arreglo a la normativa estatal y comunitaria; priorizar el ahorro y la eficiencia energética, así como el impulso a las instalaciones de autoconsumo en zonas residenciales, industriales y comerciales que podrían llegar a cubrir entre 35 y 40% de la demanda eléctrica de los edificios del archipiélago; y poner en marcha un mecanismo de seguimiento ambiental independiente de los parques eólicos y fotovoltaicos.

También piden garantizar la transparencia sobre los proyectos en tramitación; exigir el uso de la mejor tecnología disponible; y, por último, dotar a los cuerpos técnicos y jurídicos del Gobierno de Canarias y los Cabildos Insulares de los presupuestos y recursos humanos suficientes para tramitar los proyectos normativos, planes y estrategias.