Dicho decreto nace de un acuerdo del exministro de Política Territorial y Función Pública Miquel Iceta con los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de julio.

Función Pública, que ahora recae en el Ministerio de Hacienda por lo que depende de María Jesús Montero, y los sindicatos alcanzaron este acuerdo después de los pronunciamientos del Tribunal Europeo y del Tribunal Supremo.

En virtud del acuerdo, los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público. El interino, además, tendrá garantía de permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.

Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.

Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.

De manera paralela, el acuerdo contempla “un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales” que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”. La experiencia adquirida en el puesto se valorará con hasta un 40% en todos los ámbitos de cara a optar al proceso selectivo de estabilización.