Así lo solicitó en declaraciones a TVE recogidas por Servimedia tras el acto de homenaje a las víctimas de la pandemia celebrado en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Moreno instó a “seguir trabajando” para frenar la situación “que estamos viviendo en el conjunto de nuestro país y en el conjunto de Europa” por culpa de los nuevos rebrotes “y de la nueva posible ola”.

“Desgraciadamente la pandemia sigue con nosotros un año y medio después, pero estamos más fuertes, con la ciencia, con las vacunas, y estamos más preparados que antes”, señaló, y se mostró convencido de que “esta batalla la vamos a ganar”.

El presidente de la Junta de Andalucía lamentó “la falta de instrumentos normativos para poder luchar contra esta pandemia”, algo que, aseguró, “advertimos en su día, tanto al presidente Sánchez como al resto de autoridades”. Y explicó que “vemos como, en mi propia Comunidad, hay tribunales que permiten cierres perimetrales en una provincia o en una localidad, y otro tribunal dentro de Andalucía dice exactamente lo contrario”.

A su juicio, “esta dispersión de criterio, esta falta de normativa, esta falta de instrumentos está dañando la capacidad que tenemos las Comunidades Autónomas de luchar contra el Covid y de hacerle frente a toda esta amenaza que suponen los rebrotes”, y citó el caso de Canarias, en donde el Tribunal Superior de Justicia anuló las medidas adoptadas, mientras que en la Comunitat Valenciana se aceptaron.

Para Juan Manuel Moreno, “si queremos superar la pandemia, necesitamos cooperación, colaboración e instrumentos para el conjunto de las Comunidades Autónomas”, e insistió en reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez “instrumentos para tomar decisiones”, ya que “de nada sirve que yo pueda mañana pedir un decreto, un cierre, o un toque de queda a una hora determinada, cuando un tribunal después me lo puede tumbar”.

En este punto, Moreno denunció “la improvisación” durante la pandemia y señaló a modo de ejemplo la sentencia del Constitucional, “que pone en jaque gran parte de las decisiones que se han tomado”, para reclamar “seguridad jurídica” y que en todas las Comunidades Autónomas “tomemos las mismas decisiones”.