Para la redacción del documento se ha entrevistado a 106 profesionales implicados en el trabajo con el colectivo de hijos de inmigrantes y a ocho menores de nacionalidad extranjera.

Los expertos alertan de algunas situaciones extremas de niños de origen extranjero que tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, que van a la escuela sin desayunar o sin ducharse porque no tienen agua en casa o que no pueden pagar medicinas.

Este trabajo de investigación pone también de manifiesto dificultades a la hora de empadronar a los niños debido a requerimientos de los ayuntamientos, a circunstancias familiares (alta movilidad de las familias) o a la imposibilidad de empadronar a algunos menores acogidos en centros de protección por no disponer del documento de identificación con fotografía.

Esta situación repercute en el acceso de los niños a servicios básicos como la sanidad. De hecho, se han detectado casos de retirada de tarjetas sanitarias por falta de documentación.

El informe hace patente la existencia de dilemas y controversias jurídicas entre el ordenamiento jurídico migratorio y el de protección de los derechos de la infancia, ya que detecta limitaciones a la hora de tramitar ayudas públicas y situaciones que vulneran el derecho a la reagrupación familiar.

Los expertos también destacan que los cambios continuos de los programas de enseñanza, la no inclusión de la diversidad cultural en el currículo académico y la incomprensión entre las familias y los colegios representan un serio escollo para la formación.

Estos problemas se ven agravados por el conocimiento a veces insuficiente de la lengua, sobre todo en niños de habla no hispana, y por los problemas económicos que afectan a sus familias como consecuencia de la precariedad laboral o la falta de empleo.