Así lo determinaron en el transcurso de la última reunión del Consejo de Políticas del Juego, órgano de participación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas, que ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión Sectorial para coordinar los registros de personas autoprohibidas de las actividades del juego y apuestas, según precisó el gabinete de Garzón en un comunicado.

El acuerdo permite suscribir convenios específicos entre el Ministerio de Consumo, competente en materia de juego online y loterías, y las comunidades autónomas, competentes en juego presencial, para establecer “mayores niveles de protección” a las personas que deciden ser excluidas de esta actividad.

Consumo precisó que, cuando una persona detecta “algún problema” que pueda derivarse de esta actividad, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en un registro de autoprohibidos, que “bloquea” su acceso a la misma.

Al darse de alta, la administración y las empresas prohíben la entrada a portales online en los que es posible apostar o participar en juegos de azar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren “protegerse a sí mismas y a sus familias” de los posibles “efectos negativos del juego compulsivo o por sentencia judicial”, según el departamento ministerial, que insistió en que a día de hoy existe un registro estatal y que cada región posee además uno propio.

INTERCONEXIÓN

En la actualidad, el registro estatal “imposibilita” el acceso al juego online, mientras que, si una persona se inscribe en el de su comunidad, ve “restringida” su entrada a los establecimientos físicos que requieran una identificación. Merced al acuerdo alcanzado este miércoles, cada comunidad autónoma puede optar por integrar su base de datos con el registro estatal o bien interconectar sus registros con el del Ministerio de Consumo, “sobre la base del principio de reconocimiento mutuo”, según el gabinete de Garzón, que puntualizó que, de este modo, un inscrito en el registro del Ministerio de Consumo “no podrá acceder a portales de juego ‘online’”, que son de competencia estatal, “pero tampoco a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica”.

“De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro autonómico no podrá acceder a un establecimiento de juego en su comunidad, pero tampoco podrá hacerlo en otra distinta a la suya”, sentenció Consumo, que defendió que, de este modo, se “potencia la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan”.

Durante su intervención en la reunión del Consejo de Políticas del Juego, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, celebró que las diferentes administraciones se hayan puesto de acuerdo para ofrecer lo que calificó como una herramienta “útil, eficaz, de confianza y de protección global” a las personas afectadas por los posibles trastornos que puede acarrear esta actividad así como a sus familias.

“Se trata de poner a las personas que más lo necesitan por delante de la burocracia, siempre desde el máximo respeto de los diferentes ámbitos competenciales”, añadió, al tiempo que instó a “poner todos los esfuerzos” para que la interconexión de los registros sea “completa, accesible y eficaz en todo el país, para juego presencial u ‘online’, con la mera inscripción en cualquier registro”.

Garzón anunció, asimismo, que su gabinete someterá, a partir de mañana, a información pública el proyecto de Real Decreto por el que se regula el desarrollo de entornos más seguros de juego ‘online’.