Según informó este miércoles el Instituto Armado, en la llamada ‘operación Acuarios’ han sido detenidos los siete miembros de este grupo delictivo -tres en España y cuatro en Francia-, entre los que estaban los cabecillas. Los arrestados obtuvieron unos beneficios de unos 4,5 millones de euros con su actividad delictiva.

En la costa de Tarragona se han llevado a cabo varios registros, en los que se han intervenido 40.500 euros en metálico, nueve vehículos de alta gama, material informático, más de 75 dispositivos móviles y 11 dispositivos informáticos, así como abundante documentación relacionada con la operación.

La investigación se inició en 2019 en Francia, donde sus autoridades detectaron una trama de 66 empresas que cometían fraude fiscal y estafas mediante el alquiler de vehículos. Los encausados firmaban contratos de alquiler de coches a largo plazo y luego los vendían como si fuesen los propietarios legítimos y sin pagar lo adeudado a la empresa suministradora.

FUGA A LA COSTA DORADA

En el marco de estas indagaciones, la Gendarmería gala detectó que los cabecillas de la organización investigada habían abandonado el país precipitadamente y que su destino podría ser la Costa Dorada en España.

Por ello, tras recibirse una solicitud de cooperación policial, la Guardia Civil de Tarragona inició una investigación y detectó que miembros de la trama investigada por Francia habían comprado inmuebles, vehículos y numerosos terminales telefónicos e informáticos para continuar con el desarrollo de la actividad ilícita desde la costa española.

En la entrada de uno de los domicilios fue localizado el responsable de la banda, de nacionalidad libanesa, quien trató de huir saltando al jardín de la vivienda contigua mientras llevaba consigo una gran cantidad de dinero en efectivo.

Los tres detenidos en España han ingresado en prisión por orden de la Audiencia Nacional, que los pondrá a disposición de la Justicia francesa por los delitos cometidos. Con respecto a los cuatro detenidos de los registros en Francia, les fue solicitada la prisión provisional por el juzgado que entiende de la causa.