Según informó el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subvención para Andalucía está prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 y la comunidad deberá aprobar e implementar el plan de empleo para este año con las medidas de Políticas Activas de Empleo a las cuales se destinarán estos fondos a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se deberá firmar el correspondiente convenio entre el SEPE y la región.

El plan permitirá poner en práctica actuaciones para la inserción de los desempleados basadas en la información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional de manera personalizada.

Se fomentará la práctica profesional en un entorno laboral, prioritariamente para aquellos desempleados en busca de su primera experiencia en su perfil profesional.

Se potenciarán las acciones y medidas para incrementar la tasa de empleo femenina, con especial atención a aquellas mujeres con mayores dificultades o barreras para la inserción, y se priorizarán las actuaciones dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión, las personas ausentes del mercado de trabajo y la integración laboral de las personas con discapacidad.

Con las medidas se busca crear empleo, mantener el que se encuentra suspendido temporalmente por el Covid-19 o potenciar la capacidad de los autónomos para mantener sus negocios.

También se desarrollarán medidas en colaboración con las administraciones locales que mejoren la empleabilidad de los colectivos más afectados por el Covid-19.

Andalucía gestionará los recursos en base a las actuaciones específicas marcadas, que deberán estar finalizadas antes 31 de diciembre de 2022.

Los fondos permitirán impulsar la modernización del Servicio Andaluz de Empleo para que pueda ofrecer con mayor eficacia sus servicios y contribuirán a incrementar su capacidad de intermediación.

En cuanto a los los planes de empleo de Ceuta y Melilla, se ha autorizado convocar subvenciones por 23 millones para financiar los planes en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social para el año 2021.

El plazo de ejecución de los proyectos no podrá superar los nueve meses desde la fecha de inicio de los mismos. En todo caso, se deberán iniciar en este año, debiendo quedar finalizados antes del 30 de junio de 2022.