La Benemérita dio a conocer este dato este viernes con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, establecido por la ONU con el fin de promover acciones para la eliminación de pistolas, escopetas y similares de origen ilícito.

La ONU creo esta efeméride a partir de su Conferencia Internacional sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, celebrada en julio de 2001. En este encuentro se puso de manifiesto que la distribución ilegal de armamento era “una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional”.

A partir de ahí, el organismo internacional estableció que, cada 9 de julio, se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las armas de fuego no registradas.

“NORMATIVA MUY SEVERA”

Por lo que se refiere a España, el Instituto Armado tiene la competencia en materia de armas y explosivos a nivel nacional. Las unidades que se encargan de este trabajo controlan el acceso legal a las armas, para lo cual el Reglamento vigente establece unos requisitos, entre los que se encuentran la carencia de antecedentes penales así como la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.

Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas. La Benemérita destaca que “la inutilización de un arma, a partir del año 2011, está regulada por una normativa muy severa, de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas fundamentales de ésta, siendo imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento”.

Igualmente, la Guardia Civil, periódicamente, lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas. Algunas de ellas están implicadas en ilícitos, penales o administrativos y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción; y otras, que por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas, tienen el mismo fin. Ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.