Según informó este viernes la Policía, las cuentas bancarias a nombre de las víctimas que eran controladas por las personas investigadas han recibido más de 1.620.000 euros. Se han esclarecido más de 1.600 denuncias al respecto. Después de más de dos años de investigación, la operación ha finalizado con la detención de 21 personas como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

Además, se han intervenido múltiples tarjetas bancarias, tarjetas telefónicas de diversas compañías, dos vehículos de alta gama y alrededor de 75.000 euros en efectivo, en los tres registros realizados en San Fernando de Henares y Coslada. Esta última localidad era donde la organización tenía su centro de operaciones.

En el momento las víctimas contactaban con las plataformas para acceder a un falso puesto de trabajo, estas facilitaban las fotografías del DNI, el cual era empleado con posterioridad para usurpar su identidad con la finalidad de abrir cuentas bancarias en diferentes entidades. Se servían de dichas cuentas para depositar los ingresos procedentes de los alquileres, también fraudulentos. Con celeridad, extraían el dinero mediante reintegros en cajeros o transferencias a cuentas extranjeras.

Este “modus operandi” ha imposibilitado la identificación real de los autores de los hechos, ya que las cuentas destino de estas estafas se encuentran a nombre de terceras personas que desconocen su existencia En primera instancia, contactaban con “mulas” para que estas de manera presencial abrieran esa cuenta con la identidad de otra persona a cambio de una contraprestación. Más tarde este trámite lo efectuaban online, lo cual obstaculizó la investigación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Los agentes pudieron comprobar que los autores tenían amplios conocimientos de las nuevas tecnologías dado que utilizaban sistemas informáticos que permitían el anonimato de los interlocutores en sus relaciones por internet. Este hecho hizo más complicada la recogida de pruebas digitales.

La organización contaba con una estructura perfectamente delimitada donde cada una de las personas que la integraban cumplían sus cometidos de manera coordinada. Entre ellas destacaban las figuras que dirigían este entramado, los recaudadores de capital y las “mulas”. Asimismo, otra persona de la organización, que se encargada de un locutorio, realizaba funciones de falsificador y tramitaba la contratación de un elevado número de líneas telefónicas, aportando identidades ficticias o provenientes de usurpaciones. Además, se consiguió averiguar que esa persona colaboraba con la organización, contribuyendo al blanqueo de capitales.

Por otra parte, se comprobó la existencia de un concesionario que facilitaba al director de la organización vehículos sin necesidad de hacer ningún trámite, proporcionándole coches diferentes y sin cambiar la titularidad de los mismos. Finalmente, en la actualidad la investigación continúa abierta por la posible existencia de más víctimas e implicados en estos delitos.